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Decreto-ley 12/2019, de 9 de julio, de Cataluña (D.O.G. núm. 7915, de 11 de julio)

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Esta es una traducción de un texto redactado en español. En caso de discrepancias, prevalecerá el texto original en español.


El Decreto-ley 12/2019, de 9 de julio, de Cataluña 
(D.O.G. núm. 7915, de 11 de julio), adopta medidas urgentes en materia tributaria y de lucha contra el fraude fiscal. Incluye varias disposiciones relativas a la legislación del juego y, en particular, a su ámbito tributario.

Según la exposición de motivos, la urgencia y la necesidad de incluir medidas relacionadas con la regulación del juego se justifican por la voluntad de abordar la situación actual, que genera un número cada vez mayor de deudas impagadas, y de evitar un posible fraude fiscal. Las medidas relativas al juego y las apuestas son las siguientes:

Tipos impositivos sobre las apuestas. (Art. 6)

El tipo impositivo se ha incrementado al 15% para todas las modalidades de apuestas, mientras que anteriormente estaba fijado en el 10% para las apuestas deportivas.

Devengo de la tasa aplicable al bingo y requisitos previos para el suministro de cartones de bingo por la Hacienda autonómica (Art. 7)

A este respecto, el artículo 7 establece que el suministro de cartones de bingo queda condicionado a la inexistencia de deudas tributarias derivadas del tributo que grava la explotación del juego:

Régimen sancionador en materia de juego (Art. 8)

Se ha modificado el art. 3 b) de la Ley 1/1991, reguladora del régimen sancionador en materia de juego, que incluye, como infracción muy grave, la realización de actividades de juego autorizadas, o de sus elementos, sin haber satisfecho la tasa aplicable al juego:

Régimen económico del juego (Art. 8)

Se ha modificado el art. 18.1 de la Ley 1/1991, reguladora del régimen sancionador en materia de juego, en cuanto incluye y regula que las fianzas que deben depositar los organizadores de actividades de juego no solo responden del pago de las sanciones administrativas y de los premios, sino también de las deudas devengadas por los tributos sobre el juego. La disposición transitoria especial concede un plazo de seis meses para que los operadores se adapten a las nuevas normas relativas a las fianzas depositadas. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la cancelación de la inscripción del operador en el Registro de Empresas de Juego.

Este último mecanismo de responsabilidad ya se ha incluido en la mayoría de las legislaciones autonómicas sobre el juego, por lo que no resulta sorprendente que ahora se aplique también en Cataluña.

Este Decreto-ley entró en vigor el 12 de julio de 2019.

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