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Incentivo fiscal al juego online: la Agencia Tributaria (AEAT) aclara los requisitos para su aplicación en Ceuta y Melilla.

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La Agencia Tributaria (AEAT) aclara los requisitos para la aplicación del incentivo fiscal al juego en Ceuta y Melilla.

No hace mucho publicamos en nuestra web un artículo  en el que destacábamos los distintos incentivos fiscales que existen en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla: tipos reducidos del IPSI en comparación con el IVA, incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades (IS) y reducción del Impuesto sobre Actividades de Juego. También destacábamos cómo, gracias a ello, estos dos enclaves africanos están ganando terreno a Malta como destino alternativo ante la previsible estampida de operadores de juego online que deben abandonar el Reino Unido y establecerse en algún destino de la UE o del EEE para seguir operando en España.

Centrándonos en la reducción del 50% en el Impuesto sobre Actividades de Juego prevista en el apartado 2.º del artículo 48.7 de la Ley 13/2011, resulta necesario analizar la reciente consulta sobre esta cuestión formulada por un operador a la Dirección General de Tributos (DGT). A este respecto, conviene recordar que la citada Ley 13/2011 establece que los operadores de juego que tengan su residencia fiscal en Ceuta o Melilla y estén realmente radicados en dichos territorios tributarán al 10% en lugar de al 20% sobre el GGR (cantidades jugadas menos premios).

Básicamente, en esta consulta se pregunta a la DGT qué debe entenderse por la expresión «realmente radicados», pues, de acuerdo con la dicción literal del precepto, para aplicar el tipo impositivo reducido (10%) es necesario no solo trasladar el domicilio fiscal a Ceuta o Melilla (lo que, según la respuesta de la DGT, constituye un requisito meramente formal), sino también estar «realmente radicados» en dichos territorios, concepto jurídico indeterminado que precisa aclaración, dado que no se encuentra definido en ninguna norma tributaria.

En este sentido, aunque la DGT aclara previamente que la radicación real de un operador es una cuestión de naturaleza fáctica que debe ser analizada caso por caso por la Administración, sí establece determinadas pautas o criterios que deben tenerse en cuenta a efectos de acreditar la radicación real en estos territorios. Son tres:

  • En número, más del 50% de los medios personales del operador (de aquellos contabilizados en la partida «gastos de personal» de la cuenta de pérdidas y ganancias) deben estar adscritos a su sede en Ceuta o Melilla, y tener allí su residencia habitual.
  • Más del 50% del total de los «gastos de personal» del operador (masa salarial total) debe corresponder a empleados adscritos a su sede en Ceuta o Melilla, y que tengan allí su residencia habitual.
  • El conjunto de los servicios recibidos por el operador (considerados en su totalidad y no solo los imputables a estos territorios) de otras empresas del grupo (servicios intragrupo) no puede superar el 50% de los costes totales del operador, con independencia de la ubicación de las demás empresas del grupo.

La respuesta de la DGT se fundamenta en:

  • una interpretación lógica de la normativa tributaria, que exige la ordenación de medios personales y materiales para desarrollar una actividad económica (artículo 5 de la Ley del IS y 27 de la Ley del IRPF), por lo que resulta necesario trasladar a Ceuta/Melilla una parte importante de los recursos humanos del operador;
  • en la finalidad perseguida por este incentivo fiscal (atraer estructura productiva, riqueza y creación de actividad económica a estos territorios), que obliga a que los medios personales destinados a estos territorios sean cualitativamente relevantes, por lo que el coste de los trabajadores debe representar una parte importante de la masa salarial total;
  • y en el estudio de las características del sector del juego (no intensivo en capital humano y con esquemas organizativos flexibles debido a sus elevados niveles de facturación intragrupo y subcontratación), que obliga a acreditar que los medios personales destinados a estos territorios no son superfluos y tienen sustancia suficiente para que el operador no precise un elevado nivel de servicios intragrupo.

Así las cosas, son varias las cuestiones de la respuesta ofrecida por la DGT que nos llaman la atención.

En primer lugar, es necesario destacar que uno de los requisitos es que los trabajadores que presten sus servicios en Ceuta o Melilla deben ser residentes en dichos territorios, cuestión que no solo escapa al control de la empresa, sino también a la voluntad del trabajador (téngase en cuenta que la residencia fiscal de un contribuyente del IRPF es una cuestión en la que no solo influye la permanencia física en un territorio, sino también los vínculos familiares y económicos del contribuyente con otros territorios).

En segundo lugar, resulta destacable que el requisito (iii) se refiere al porcentaje de costes que representan los servicios intragrupo, considerados en su totalidad, y no solo los imputables a estos territorios, respecto de los costes totales soportados por el operador de juego online. De ser así, un operador con una estructura muy descentralizada y un elevado nivel de servicios intragrupo (por ejemplo, si forma parte de un grupo empresarial con sociedades de sectores que prestan apoyo y/o complementan la actividad de juego) podría tener más dificultades para aplicar este incentivo.

Y, en tercer lugar, merece la pena mencionar cómo la DGT se limita a señalar respecto de la residencia fiscal que «se trata de un requisito formal, de derecho, y se entenderá cumplido si, de acuerdo con las normas tributarias que determinan la residencia fiscal, el operador tiene su residencia fiscal en Ceuta y Melilla» sin entrar en el análisis de la normativa mercantil y del contenido de las normas tributarias (artículos 48 de la LGT y 8 de la LIS). De acuerdo con ambos preceptos tributarios, el domicilio fiscal de una entidad está vinculado al centro de dirección efectiva de esta, por lo que incluso sería necesario atender a la residencia de los integrantes del órgano de administración para determinar dónde se lleva a cabo la dirección efectiva de la sociedad y dónde debe situarse, en consecuencia, el domicilio fiscal. Resulta llamativo que la DGT guarde silencio sobre este punto, especialmente si se tiene en cuenta que quizá en otra situación, sobre la base de la alusión que la normativa tributaria hace al centro de dirección efectiva, la Administración entienda que un operador de juego online que cumpla los requisitos anteriores no está realmente radicado en Ceuta o Melilla porque la dirección efectiva del operador no se ejerce desde dichos territorios.

Con independencia de las críticas que puedan hacerse a la respuesta ofrecida por la DGT, y a la espera de que este pronunciamiento pueda ser completado en el futuro por la propia DGT o por instancias superiores (teniendo en cuenta que nos encontramos ante una cuestión poco o nada tratada hasta la fecha), la relevancia de esta consulta radica en los criterios que a día de hoy parecen ser suficientes para acreditar la «radicación real».

Por tanto, una vez trasladado el domicilio social y fiscal a Ceuta o Melilla, siempre que la dirección efectiva de la sociedad se ejerza desde dichos territorios, para aplicar el tipo impositivo del 10%:

  • Más de la mitad de los trabajadores del operador deben trabajar y residir en Ceuta/Melilla.
  • Los «gastos de personal» de los empleados que trabajen y residan en Ceuta/Melilla deben representar más del 50% del total de los «gastos de personal» del operador.
  • Los servicios intragrupo prestados al operador (no solo los imputables a Ceuta y Melilla) por otras entidades del grupo deben ser inferiores al 50% de los costes totales soportados por el operador (y no solo los imputables a Ceuta / Melilla).

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