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Modificación de la Ley 13/2011 de regulación del juego
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Modificación de la Ley 13/2011 de regulación del juego
El BOE de 3 de noviembre ha publicado la Ley 23/2022, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego (la «Ley»). No obstante, debe señalarse que una parte significativa de esta Ley (las disposiciones finales primera y segunda, cuyo texto es más extenso que el propio articulado de la Ley) no se refiere a la Ley 13/2011, de regulación del juego («Ley del Juego»), sino al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, la «Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios»), con modificaciones que poco tienen que ver con la Ley del Juego y que se incorporaron durante la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, lo que constituye una táctica de la que, comprensiblemente, se han quejado muchos parlamentarios.
A continuación, analizaremos únicamente los preceptos que se refieren a las modificaciones de la Ley del Juego, aunque veremos que, de nuevo, algunas de dichas modificaciones nada tienen que ver con la Ley del Juego, sino que se «adhieren» a ella de una forma técnicamente artificiosa.
A la vista de lo anterior, no nos encontramos ante una modificación sustancial de la Ley del Juego, pues las modificaciones constituyen básicamente «parches que pretenden coser y rematar algunas costuras legislativas» en relación con determinados aspectos que no se habían abordado adecuadamente. Otras modificaciones de mayor importancia de la Ley del Juego se han producido con anterioridad a esta última reforma. Por ejemplo, la Ley 3/2013, que suprimió la primitiva creación y regulación de la nunca constituida Comisión Nacional del Juego; o la más reciente Ley 11/2021, que ya incorporó determinados preceptos relacionados con la lucha contra el fraude.
Contenido inicial del proyecto de ley. «Legalización del Servicio SIGMA»
El proyecto de ley inicialmente aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes se refería a una única y concreta cuestión sustantiva: la regulación legal del denominado «Servicio de investigación global del mercado de apuestas (SIGMA)». Se trata de un verdadero «Servicio» de la Administración Pública, en el sentido formal del término, creado y adscrito a la Dirección General de Ordenación del Juego («DGOJ») para la gestión de una herramienta informática. Dicha función ya se venía desempeñando en la Subdirección General de Inspección de la DGOJ, tal y como se recogía en el «2018 Gambling Activity Supervision Strategy document». La atribución de funciones no requiere normalmente una ley formal, ni suele precisar de debate en las Cortes. Lo habitual es que las funciones se atribuyan al órgano administrativo y que los funcionarios las implementen y ejecuten materialmente.
Este Servicio ha venido funcionando con normalidad para orientar las actuaciones de la CONFAD (Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas), que es el órgano interdepartamental creado por la Orden PCI/759/2019 del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Esta Comisión, en la que participa la DGOJ, está fundamentalmente al servicio de las autoridades policiales para ayudar en las investigaciones sobre el fraude en el juego y las apuestas, que normalmente tienen implicaciones penales. Además, la citada Comisión también incluye representantes de la Dirección General de Deportes, del Consejo Superior de Deportes, de la Dirección General de la Policía, de la Dirección General de la Guardia Civil, así como representantes del sector del juego en España.
Debido al importante volumen de datos implicado, era necesario establecer una base jurídica sólida para dicho tratamiento de datos (en lugar del mero interés público y/o interés legítimo). En consecuencia, se ha establecido inequívocamente que la DGOJ es la responsable del tratamiento de dichos datos. Asimismo, se han enumerado los órganos y entidades que colaboran con SIGMA: el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales y los operadores de juego y apuestas. Desde la perspectiva de la normativa de protección de datos, las citadas entidades e instituciones se califican como encargados del tratamiento, es decir, prestan servicios a la DGOJ, aunque con una particularidad: únicamente pueden acceder a los datos que cada uno de los respectivos órganos y entidades haya aportado. En otras palabras, el Consejo Superior de Deportes, por ejemplo, no puede acceder a los datos aportados por los operadores de juego y apuestas, ni a la inversa. La DGOJ es la única y exclusiva responsable de centralizar toda la información que, posteriormente, se facilitará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas. El referido tratamiento de datos excluye expresamente el tratamiento de datos especiales, como los datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, los datos genéticos o biométricos y los datos relativos a la salud, o los datos relativos a la orientación sexual o la vida sexual de las personas, así como cualesquiera otros datos que se consideren irrelevantes o innecesarios. Los operadores de juego o apuestas deben extremar las precauciones para evitar la comunicación de datos relativos al juego responsable, puesto que, a nuestro juicio, dichos datos pueden considerarse datos relativos a la salud. Se ha establecido que el plazo máximo de tratamiento (y conservación) de dichos datos por SIGMA es de un (1) año.
La citada regulación legal básica de la base de datos era el objetivo inicial y único del proyecto de ley remitido a las Cortes, y se aprobó en los términos presentados, incorporando técnicamente una disposición adicional novena a la Ley del Juego, siendo destacable señalar que:
- Actualmente, ya existe un Convenio entre la DGOJ y el Consejo Superior de Deportes (BOE de 30/08/2021), para la «comunicación» de los datos antes mencionados, dado que, sin su colaboración, sería imposible alcanzar los objetivos perseguidos.
- Dicha herramienta se almacena y aloja materialmente en la DGOJ y se inserta en la Ley del Juego, que constituye la principal norma aplicable a este sector económico; sin embargo, la herramienta podría alojarse en cualquier otro Departamento relacionado con el deporte, o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que la utilizan.
Contenido adicional del proyecto de ley inicialmente remitido a las Cortes
La otra regulación contenida en el proyecto de ley remitido a las Cortes consistía en una breve adición de una función de la DGOJ a los objetivos establecidos en el artículo 21 de la Ley del Juego. La función legal propuesta, y finalmente aprobada, consiste en:
«proteger a los colectivos de jugadores en riesgo mediante la evaluación de la eficacia de las medidas de juego y apuestas responsables o más seguros dirigidas a dichos colectivos que, en cumplimiento de las obligaciones normativas aplicables, deban implementar los operadores de juego y apuestas».
Debido a la definición ambigua y redundante del citado objetivo, teniendo en cuenta las demás funciones de la DGOJ, heredadas de la Comisión Nacional del Juego (el artículo 21 contiene otros 17 apartados en la enumeración), la referida adición parecía orientada a «legalizar» el simultáneo «Reglamento de desarrollo de entornos más seguros de juego», que sigue pendiente de aprobación (previsiblemente a principios de 2023). Con ello, quizá se reconoce que muchos de los preceptos incluidos en dicho Decreto requieren cobertura legal para evitar la misma situación jurídica que está sufriendo el Real Decreto de comunicaciones comerciales.
No obstante lo anterior, parece que la redacción ambigua y redundante de dicho apartado apenas logra «legalizar» poco más que el término empleado por el proyecto de Real Decreto (la «evaluación de las medidas»), pues poco más dice.
Otras modificaciones de la Ley del Juego introducidas en la fase de enmiendas
Respecto del proyecto de ley inicialmente remitido a las Cortes, con el breve y sencillo contenido expuesto anteriormente, se han añadido también durante la tramitación parlamentaria otras modificaciones de la Ley del Juego, de diverso contenido y aplicación:
A/ Se añade un artículo 7 bis, titulado «principios generales para la publicidad, promoción y patrocinio de las actividades de juego y apuestas», que introduce el concepto de «responsabilidad social», precepto esencial aplicable en relación con las prohibiciones relativas a los términos y al contenido de las comunicaciones comerciales.
Es muy probable que esta adición haya surgido de una circunstancia incidental en relación con la tramitación del proyecto de ley: el Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 7.2 de la Ley del Juego, lo que ha generado un importante grado de inseguridad jurídica. Este artículo constituía la única cobertura legal que el Gobierno pretendía establecer para el reciente Real Decreto 958/2020, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, norma que fue objeto de una larga y controvertida tramitación parlamentaria en cuanto a su contenido final. En caso de que el Tribunal Constitucional decida declarar nulo dicho artículo, la Ley del Juego cuenta ahora con este nuevo artículo 7 bis que, en parte, aunque no totalmente, resolvería esta hipotética carencia legal.
B/ Se añade un apartado 3 al artículo 8, que se refiere expresamente a los posibles convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas para la interconexión de los distintos registros de interdicciones de acceso al juego (registros de personas prohibidas) existentes, tarea que hasta ahora solo se ha llevado a cabo con unas pocas Comunidades Autónomas (Castilla-La Mancha y Cantabria), con el fin de coordinar las prohibiciones de los distintos ámbitos estatal y autonómico mediante desarrollos informáticos. Aunque esta solución legal es una forma de abordar el problema, ya hemos expuesto en otros comentarios que el espíritu de la modificación podría haber sido más «ambicioso»: establecer expresamente la competencia exclusiva, y con efectos en todo el Estado, para el control y la gestión de dicho Registro, dado que esta cuestión representa una restricción de una libertad civil (en concreto, la libertad de jugar), que, a nuestro juicio, no puede asumirse en el ámbito de las Comunidades Autónomas (artículo 149.8 de la Constitución Española: legislación civil). Por la misma razón por la que resultaría absurda la existencia de registros autonómicos de antecedentes penales.
C/ Y el artículo 13.2.c) de la Ley del Juego se modifica, atenuando el requisito de no haber cometido infracciones previas a efectos de obtener la licencia estatal de juego, al eliminar la referencia a las «infracciones muy graves en relación con las leyes de juego de las Comunidades Autónomas».
Otra regulación aprobada que tampoco guarda relación material con la Ley del Juego
Finalmente, la Ley aprobada añade también una nueva disposición adicional décima a la Ley del Juego, titulada «Directrices para un uso más seguro de los activos digitales no fungibles, las cajas botín o los mecanismos de monetización de la participación de los usuarios en videojuegos».
Como puede apreciarse por su título, este precepto se refiere a un mandato al Gobierno en relación con los videojuegos, que debería requerir una ley específica a tal efecto, lo que, al menos en relación con las «cajas botín», ya se incluye en el texto de un anteproyecto de ley sometido a audiencia e información pública durante el mes de julio. En consecuencia, esta artificiosa adición de última hora podría haberse evitado.
La Ley 23/2022, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, entró en vigor el viernes 4 de noviembre.
Loyra
6 de noviembre de 2022