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Resolución de 11 de julio de 2019 de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) [Dirección General de Ordenación del Juego]

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Esta es una traducción de un texto redactado en español. En caso de discrepancia, prevalecerá el original en español.


La Resolución de 11 de julio de 2019 de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) [Dirección General de Ordenación del Juego], 
(BOE núm. 174, de 22 de julio) establece la prohibición de ofrecer apuestas sobre eventos en los que participen mayoritaria o exclusivamente menores de edad.

En esta entrada del blog se analizará no solo su conciso y preciso contenido, sino también si la Dirección General de Ordenación del Juego tiene competencia suficiente para introducir una «prohibición» de esta naturaleza.

Como podemos observar en la propia exposición de motivos, durante el desarrollo del juego online regulado, que ha tenido lugar desde la entrada en vigor de la Ley de regulación del juego [Ley de regulación del juego/LRJ], y en particular en lo relativo a las apuestas, se ha constatado que algunos operadores de juego con una licencia de ámbito estatal [título habilitante estatal] ofrecen apuestas de pronóstico sobre eventos, principalmente de carácter deportivo, en los que pueden participar mayoritaria o exclusivamente menores de edad.

En la memoria que acompañó al trámite de audiencia pública se dio a conocer el análisis de la propia Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Según su análisis, en 2018, al menos el 5,45 % de las competiciones sobre las que se realizaron apuestas eran principalmente competiciones dirigidas a menores de edad. Afirma que las apuestas de menores representan el 1,03 % del número total de apuestas realizadas. La memoria menciona principalmente apuestas sobre competiciones de fútbol, voleibol, baloncesto, hockey sobre hierba, waterpolo, hockey sobre hielo y tenis de mesa.

Existen diversas razones por las que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) considera que no es aconsejable que los menores participen en eventos objeto de apuestas, con independencia de que sean de carácter deportivo o de otra naturaleza, y todas ellas se fundamentan en el interés superior del menor. Este interés está reconocido constitucionalmente y directamente vinculado al objetivo de la Ley de regulación del juego desde una perspectiva general. En primer lugar, resulta apropiado establecer una separación clara entre los espacios a los que acuden menores y aquellos en los que se realizan apuestas de cualquier tipo, a fin de evitar la banalización de los riesgos a los que el juego y las apuestas exponen a los menores. En segundo lugar, debe garantizarse el juego responsable de quienes participan en actividades que contribuyen al adecuado desarrollo de la personalidad, sin incurrir en el riesgo de que dichas actividades se vean afectadas por factores externos derivados de los intereses económicos de terceros. En este sentido, esta medida contribuiría a eliminar de los centros educativos la posibilidad de que las competiciones sean manipuladas por la influencia negativa de personas que aún no han alcanzado la madurez. Debido a esta falta de madurez, estas personas son más susceptibles de ser influenciadas.

Una prohibición adoptada mediante Resolución de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)

A nuestro juicio, la principal dificultad para adoptar la medida propuesta radica en que se trata de una Resolución dictada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), en lugar de una modificación de las distintas órdenes ministeriales [Ministeriales] que aprueban la reglamentación de los diversos tipos de juegos (apuestas deportivas de contrapartida, apuestas deportivas mutuas, apuestas cruzadas, otras apuestas de contrapartida, apuestas hípicas de contrapartida y apuestas hípicas mutuas).

Esta elección del instrumento normativo es, sin embargo, muy discutible precisamente porque todas las órdenes ministeriales que regulan las citadas licencias singulares fueron modificadas individualmente (mediante modificaciones realizadas en 2013 y detalladas en la Orden HAP/1998/2013) para eliminar cualquier referencia a un catálogo oficial de eventos susceptibles de ser objeto de apuestas y al «correspondiente programa de apuestas establecido por el operador». Además, en dicha Orden se derogó expresamente un catálogo inicial de competiciones y acontecimientos deportivos (aprobado por Resolución de 19 de diciembre de 2011 de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que curiosamente nunca se publicó en el BOE [BOE]) que, hasta ese momento, podían incluir los operadores en sus programas de apuestas.

En otras palabras, mediante estas órdenes, la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) eliminó cualquier «control» sobre los eventos susceptibles de ser objeto de apuestas y dejó la elección de los eventos en manos de los operadores; en definitiva, antes tenían libertad para ofrecer cualquier evento, pero ahora, mediante una simple Resolución (de rango inferior), se ha eliminado esta libertad.

También se pretende justificar esta elección del instrumento normativo, que atribuye a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) la competencia (a través de la Resolución) para introducir una prohibición mediante una «instrucción dirigida a los operadores de juego», al amparo de los artículos 6.3 y 21, apartados 4 y 9, de la Ley de regulación del juego; y del artículo 14.1 de las respectivas reglamentaciones de los distintos juegos. Sin embargo, estas exigencias solo habrían tenido sentido si el procedimiento administrativo se hubiera completado a través de la proyectada, pero nunca constituida, Comisión Nacional del Juego [Proyectada y nonnata Comisión Nacional del Juego], como organismo independiente, con capacidad para decidir sobre el contenido de un catálogo de eventos. Resulta difícil encuadrar una prohibición de esta naturaleza como un mandato a los operadores; un mandato derivado de la normativa reguladora que les era previamente aplicable, omitiendo la inexistencia previa de esta prohibición en las reglamentaciones actualmente vigentes.

Contenido

El contenido de la Resolución y los límites de la prohibición se establecen mediante un breve articulado que, sin embargo, ha suscitado diversas observaciones durante su redacción debido a su evidente ambigüedad.

El artículo primero prohíbe a los operadores de cualquier modalidad de apuestas reguladas ofrecer en sus programas de eventos aquellos en los que participen «principalmente o exclusivamente menores de edad».

El artículo segundo pretende interpretar con mayor precisión el artículo primero, pero únicamente se refiere a la aclaración del término «mayoritariamente» (participados por menores); no lo aclara, sino que genera confusión, ya que define los eventos afectados como «todo acontecimiento deportivo o de otra naturaleza que, con carácter general, permita únicamente la participación de personas de 18 años o menos».

Debe señalarse que, al incluir esta última frase, también se prohíben competiciones en las que participan personas mayores de edad (es decir, quienes tienen 18 años o más, por lo que no se están refiriendo únicamente a menores). Además, parece haber referencias a ligas «sub-19» en los documentos que forman parte del expediente de aprobación del proyecto. Estas también se incluyen entre los eventos prohibidos.

A pesar de que algunos operadores solicitaron un período de adaptación durante la fase de observaciones, la Resolución entró en vigor el 23 de julio de 2019.

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