El Decreto 38/2018, de 27 de septiembre, (B.O.C y L. núm. 190, de 1 de Octubre), modifica el reglamento regulador de los casinos de juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 1/2008, de 10 de enero.
Según la Exposición de motivos, esta modificación persigue un doble objetivo. Primero trata de favorecer la implantación o mantenimiento de empresas de casinos de juego en Castilla y León, mediante la reducción de cargas administrativas y la homogeneización de los requisitos aplicables al sector empresarial del juego, suprimiendo aquellas cargas que no estén amparadas por la necesaria protección de la salud pública, la protección de los menores y prohibidos, la seguridad pública o el control de blanqueo de capitales. Para ello, se suprime la actual autorización de apertura y funcionamiento, sustituyéndola por una declaración responsable de funcionamiento a presentar por la empresa interesada, ya que con el mantenimiento de la previa autorización de instalación se cuenta con elementos necesarios de control administrativo de la actividad.
El segundo objetivo de la norma trata de mejorar la aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado en Castilla y León, que promueve unificar los requisitos administrativos en todo el Estado español, e incluir las conclusiones acordadas por las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Políticas del Juego de ámbito estatal, conferencia sectorial en la materia, para normalizar las regulaciones de los casinos de juego. Para ello, se viene a suprimir la necesidad de que los empleados de los casinos de juego deban contar con documentos profesionales, sin perjuicio de lo que pueda preverse en la negociación colectiva laboral.
Por último, se aprovecha esta modificación reglamentaria para recoger los cambios producidos en la legislación básica del Estado sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Régimen Jurídico del Sector Público.
Este Decreto entró en vigor el 21 de Octubre de 2018.
