El Real Decreto Ley 11/2018, de 31 de agosto, (B.O.E. núm. 214, de 4 de Septiembre) traspone al Ordenamiento español, entre otras , la Directiva  UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de Mayo, sobre  prevención del blanqueo de capitales y, modifica varios aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En relación con los servicios de juegos de azar, amplía el ámbito de los sujetos obligados, y en particular la “sujeción plena” se refiere a toda clase de personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar, presenciales o por medios electrónicos, cuando hasta ahora solo se hacía referencia expresa a los casinos.

Ahora bien, en algunos casos se da solo una “sujeción parcial”, solo cuando se produce el pago de premios, y se aplica a los empresarios relacionados con las loterías, quinielas, concursos, bingos y máquinas recreativas de tipo “B”, de manera que en todos los demás casos (presenciales u online) la sujeción es “plena”.

Podemos decir que las obligaciones de “sujeción plena” son fundamentalmente las medidas de diligencia debida, pero que en los casos de relaciones de consumo son muy difíciles de generalizar y hay que estar a los preceptos específicos, que en la nueva redacción de la Ley tienen doble destinatario:

  • Los casinos (Art. 7.5): igual que hasta ahora, deben comprobar la identidad de las personas que acceden al establecimiento; además, y como medida adicional, identificarán a las personas que pretendan que se les entreguen cheques al cambiar las fichas, a los que pretendan realizar transferencias de fondos, y a los que pretendan recibir una certificación de las ganancias obtenidas. Además, y esto es lo novedoso, en las operaciones de más de 2.000 euros ya sea para cambio de fichas o cobro de ganancias, no solo deberán identificar a los clientes, sino aplicar el resto de las medidas generales de diligencia debida (lo cual puede resultar inviable, pues estas diligencias se refieren a la titularidad real de clientes o proveedores, al seguimiento de sus negocios, etc.)
  1. El resto de los operadores de juego, (Art. 7.6) Se diferencian los que actúan mediante establecimientos presenciales o a través de juego online. Los primeros (presenciales), deberán aplicar las medidas generales de diligencia debida cuando efectúen transacciones o pagos superiores a 2.000 euros (en una operación o en varias operaciones relacionadas); mientras que los segundos (online), deberán identificar y comprobar la identidad de todos sus clientes, de acuerdo a las normas reglamentarias a este fin; y, además, aplicar las demás medidas de diligencia debida cuando las apuestas o el cobro de ganancias sea superior a 2.000 euros.

Como pueden confundir los términos de la sujeción y aplicación de las obligaciones, podría hacerse la siguiente tabla con la lista de las actividades principales de obligados:

Clase de sujeción Clase de obligación Operaciones >2.000 euros
Casinos Sujeción plena identificación entrada Otras diligencias debidas
Juego online Sujeción plena ident/compr. apert. cuenta Otras diligencias debidas
Red Loterías Sujeción parcial identif, premios >2.000 Otras dil. (cuando premios)
Bingos Sujeción parcial Otras dil. (cuando premios)
Salones máq. Sujeción parcial identif. premios> 2.000 Otras dil. (cuando premios)
Concursos Sujeción parcial identif, premios> 2.000 Otras dil. (cuando premios)
Apuestas Sujeción plena identif. premios >2.000 Otras dil. (cuando operac.)

Estas obligaciones modifican en casi todos los casos el régimen de aplicación hasta ahora existente, y probablemente por ello se ha incluido un a Disposición Transitoria única para todos los “operadores de juego” , cuya literalidad que es muy mejorable pues resulta confusa; y parece que les otorga un plazo de 3 meses para adaptarse a estas modificaciones:

“Disposición transitoria única. Diligencia debida de operadores de juego.

Los operadores de juego se ajustarán exclusivamente a las obligaciones en materia de diligencia debida existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley durante tres meses desde dicha fecha.”

Esta Ley entró en vigor el 4 de Septiembre de 2018, y en consecuencia los operadores de juego disponen hasta el 4 de Diciembre para “ajustarse”.