EUROPEGAS ©

Vivimos momentos de confusión mediática acerca del fenómeno Eurovegas como posible desarrollo empresarial en Madrid; y, para aclaración incluso propia, me permitiré repasar desde la perspectiva jurídica alguno de los aspectos que se están barajando, sin dejar de lado algunas otras cuestiones colaterales.
De la larga lista de reivindicaciones jurídicas que parece fueron señaladas a priori en su Proyecto por Las Vegas Sands (LVS), muchas ya han sido recepcionadas por el Legislador Autonómico Madrileño: se ha modificado la Ley del Juego de Madrid, se ha modificado el Ordenamiento Urbanístico de Madrid, e incluso se ha modificado el Ordenamiento Tributario Autonómico que permite una sustancial reducción de tributos especiales y generales, que previsiblemente disminuirían las incertidumbres que asume todo Proyecto empresarial. Faltan todavía algunas, que están en tramitación como es el levantamiento de la prohibición de invertir en España a empresas americanas en operación de juegos de azar con una participación superior al 25%, todavía hoy sorprendentemente vigente.
Y aunque muchos pueden estar en desacuerdo con esta “legislación a la carta”, lo cierto es que tales modificaciones normativas siempre aparecen revestidas de “generalidad”, es decir, no solamente aplicables al Proyecto de Las Vegas Sands, sino a todo aquel que quiera promover inversiones de esta naturaleza. Por ejemplo, todas las reducciones fiscales por Tasa de Juego (reducción del tipo al 10%), serán aplicables a los juegos de casinos en Madrid, sean o no Eurovegas, cuando abra Eurovegas.
En recientes comunicados o manifestaciones de sus directivos, LVS comienza a hablar de la necesidad de que toda la jerarquía de poderes implicados en el “Marco Normativo” (Legal Framework, se dice) debe atender las necesidades que se proponen, y que solo entonces será posible poner en marcha el Proyecto. Y se habla de una especie de mesa de 4 patas: poder municipal, poder autonómico, poder estatal, poder europeo; en todos estos niveles deberían atenderse de alguna manera las propuestas que se han hecho para llevarlo adelante.
Pero ¿qué es lo que falta todavía por hacer, y qué tiene que ver la UE en todo esto?.
En cuanto al poder Local, tiene poco que decir en nuestro Ordenamiento tal y como está ahora, salvo concretar el Municipio donde se proyecte realizar, un Plan Urbanístico que admita tan magna transformación del municipio donde debe asentarse el Proyecto, Plan que todavía no está aprobado y ni siquiera iniciado. En nuestro Ordenamiento local no se exige, como en otros, p.ej, que sean los vecinos, los que en referendum democrático proclamen su voluntad de decidir tan radical acontecimiento en su municipio. En España no es así, como p.ej, ocurre en muchos Estados USA.
El poder Autonómico lo ha dicho prácticamente todo; queda pendiente lo más importante por ahora, que es contestar la consulta de viabilidad que LVS formalizó en el mes de Julio, conforme a la nueva Ley 8/2012, y que tiene un plazo de 2 meses para ser respondida, o en caso contrario se entenderá desestimada (Art. 37). Y el plazo concluyó ayer 25.
El Poder Estatal, efectivamente, sigue manteniendo ámbitos de poder sobre los cuales poco o nada puede decidir el poder autonómico. Y aquí encuadramos toda posible implicación de derechos y libertades públicas (salud y tabaquismo), Derecho laboral, e incluso otros aspectos netamente Constitucionales (igualdad ante la ley, potestades jurisdiccionales, Derecho Civil y Penal, etc). En este ámbito es difícil concretar cuáles son las posibles modificaciones del “Marco Normativo” que requieren especial modificación, a salvo de la tan comentada modificación de la Ley de Tabaquismo en lo que afecta a una excepción a la regla general prohibitiva en locales públicos, que está un día sí y otro también en todos los foros de debate. No tenemos conocimiento de que se vaya a modificar la Legislacion Laboral más allá de lo que ya se ha modificado en estos dos últimos años; no acertamos a discernir si es necesaria una modificación del Código Civil o la Legislacion Mercantil en materia de préstamos y financiación de jugadores (por cierto, todavía la Ley del Juego de Madrid requiere en este punto una última modificación todavía no abordada hasta ahora). Es más, el esquema constitucional sobre la seguridad jurídica, la libertad de empresa, sobre el respeto a la propiedad privada y sus limitaciones cuando se opone a los intereses generales no solo perjudica a Proyectos de esta magnitud, sino que hacen posible por ejemplo, y después de la lógica cadena de motivaciones, la expropiación de terrenos para poder llevar a cabo un Centro Integrado de Desarrollo.
Sin embargo, la reciente invocación de una “cuarta pata de esta mesa” para completar el Marco Normativo, la Unión Europea como un cuarto nivel de poder que se comprometa con el proyecto, pertenece a una zona nebulosa de difícil comprensión. Más que una condición, esta vez parece más una de las impertinentes “pegas” que se están poniendo últimamente sobre el tapete de las declaraciones públicas que se manejan (las “Europegas ©”). Indaguemos cual puede ser el sentido de estas posibles necesidades normativas a nivel de UE:
– La UE no tiene competencia en España sobre las cuestiones del Derecho de los Juegos de Azar, pues siempre se ha mantenido que en esta materia rige el principio de subsidiariedad, de manera que los Países Miembros son soberanos para regularlo, y no hay por ahora Armonización de legislaciones. Los tímidos avances que se pretenden en Bruselas y Estrasburgo se refieren exclusivamente al juego online, no afectan a establecimientos o complejos de casinos.
– Los principios fundamentales de Libertad de Prestación de Servicios, de Establecimiento, de circulación de Capitales, de personas, no inciden sino que tienden a fomentar las actividades empresariales y la actividad económica general, como pretende esta clase de Proyectos.
– Es cierto que dentro del Derecho Europeo existe una fuerte aversión a las actividades empresariales monopolísticas y a las cada vez más conocidas como “ayudas de Estado”, que pueden condicionar o modificar indebidamente sectores de actividades económicas determinadas. Pero no parece que sea necesario acudir en este terreno a ninguna autorización o a levantar ninguna restricción o impedimento al Proyecto. De hecho, en la Ley de Madrid ya se preveen al menos 10 años de exclusividad a favor de cualquier Centro adjudicatario desde que reciba autorización.
¿Cuál es la razón de invocar ahora este aspecto u otras cuestiones “pendientes”? A tenor de las constantes manifestaciones, la cuestión principal, la financiación de todo o parte de la inversión, parece estar fuera de discusión: “sí, tenemos financiación”. Pero claro, esto hay que demostrarlo, y suponemos que este es uno de los objetos del Informe denominado poéticamente “Un sueño posible” presentado en Julio a la Comunidad de Madrid y al que se refiere LVS en su último comunicado ampliamente comentado en los medios. Y sobre el que el Poder Autonómico debería contestar para que el proceso no se detenga.
Nadie ha sabido responder, hasta ahora, si una de las condiciones planteadas, relativa a la facilitación de los visados de entrada de extranjeros en España, tiene alguna materialidad concreta, y si se refiere a la entrada de ciertos jugadores o, como empiezan a decir algunos, la de partidas de trabajadores extranjeros en condiciones temporales para la construcción del complejo o para su posterior operación. Todo en este punto son conjeturas, pero que, efectivamente podrían afectar en algunos casos a la política Comunitaria de visados de entrada y de regulación de las normas del Espacio Schengen.
Por último, la necesidad de garantizar que todos estos poderes no solo acepten y apoyen con sus modificaciones normativas este tipo de proyectos, sino que mantengan sus compromisos con el transcurso del tiempo. Bueno…. esto pertenece no tanto al Derecho de la UE, sino más bien al campo de la filosofía del Derecho, que recuerda que las Leyes por naturaleza no pueden ser “inmutables”, y que siempre son susceptibles de modificación. Pretender este compromiso me parece ya coloquialmente, una “superpega”.

Carlos Lalanda.
Madrid, 26 de Septiembre de 2013

También publicado en las revistas Sector del Juego y ElRecreativo.