
La Ley 10/2018, de 9 de Noviembre, (B.O.R.M. núm. 260, de 9 de Noviembre) de aceleración de la Transformación del modelo económico Regional para la generación de empleo estable de calidad, entre otras, modifica la Ley 2/1995, de 15 de marzo, Reguladora del Juego y Apuestas en la Región de Murcia, Art. 21, para adaptarla al Acuerdo del Pleno del Consejo de Políticas del Juego, de 17 de diciembre de 2014, para la racionalización normativa, en aras a mejorar la unidad de mercado con el contexto de la implementación de las disposiciones contenidas en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, siendo uno de los puntos en los que se alcanzó el acuerdo el suprimir la exigencia de documentos o carnés profesionales a las personas físicas que presten servicios en establecimientos de servicios de juego o azar.
Asimismo, se clarifica el actual régimen de distribución de competencias en materia de juego entre el Consejo de Gobierno y la consejería competente en materia de juego, eliminando las dificultades hasta ahora existentes para discernir la competencia en materia de elaboración de normas o reglamentos específicos en materia de juegos y apuestas. A partir de ahora, pasa a ser competencia de la Consejería, y podrá reglamentar en consecuencia:
“la aprobación y desarrollo de tipos, modalidades, premios y elementos de los juegos y apuestas, así como las reglas básicas de su desarrollo, las condiciones y requisitos de los sistemas técnicos y las limitaciones para su práctica”.
Se aprovecha para adecuar los procedimientos sancionadores en esta materia a la Ley general estatal, estableciendo un plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento sancionador de 6 meses, desde la fecha del acuerdo de iniciación.
Esta Ley entró en vigor el 11 de noviembre de 2018