Ya se veía venir.

La fecha de la convocatoria de nuevas elecciones generales para el 28 de Abril era más o menos dudosa. Pero no la de Elecciones Autonómicas el 26 de Mayo, en todas ellas excepto Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia.

Y en materia de juegos de azar, ello trae como consecuencia diversas paralizaciones y “vacatios” normativas:

En cuanto al Estado, la disolución de las Cortes, fechada para el día 5 de Marzo en realidad paraliza poco respecto a nuevas normas y Leyes relacionadas con el juego, más allá de la levísima modificación de la asignación de una parte de la tasa Administrativa y de la reasignación de los porcentajes de la recaudación del Impuesto sobre el juego aplicado a las quinielas. Estas modificaciones estaban en la Ley de Presupuestos frustrados para 2019, y que deberán esperar a la nueva Legislatura.

A su vez, esta llamada a urnas tendrá efectos paralizantes en el denominado Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el fraude fiscal y de otras medidas correlacionadas,” que pretendía la modificación de algunos artículos de la Ley del Juego. Además, estaba y está pendiente el eterno límbico y demandado Reglamento de Publicidad y Comunicaciones comerciales que debe desarrollar la Ley del Juego de juego. Por lo demás, la DGOJ todavía tiene entre manos algunas iniciativas reglamentarias en sede de información pública, o más difusamente aún, en trámite de audiencia pública, como es el caso de la creación de la Comisión Nacional para combatir la manipulación y el fraude en las competiciones deportivas. Todas estas cuestiones, salvo sorpresas de última hora en forma de Real Decreto ley, pasarán a las agendas del  nuevo Gobierno que se configure, cuya formación puede ir para largo.

Las hipótesis de la acción gubernamental en esta y otras materias son muy aleatorias, podría darse el caso de que, a falta de resultados claros, o acuerdos, se prolongara el actual Gobierno, pero en funciones, durante largo tiempo.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, los efectos son igualmente paralizantes, en lo que respecta a iniciativas planteadas, pero para algunas de las que están en tramitación se ha iniciado una particular carrera, por si resultan de Mayo cambios de color político. Es el caso de la nueva Ley del Juego Valenciana, en la última fase de tramitación en las Corts Valencianas, pendiente de un hilo, por cuanto si no llega a su aprobación a finales de Marzo, el Proyecto decae y debería comenzar a tramitarse de nuevo, si es que el Gobierno de la Generalitat sigue siendo más o menos el mismo. En Extremadura está pendiente de convalidación el reciente Decreto Ley 1/2019, de Medidas en materia de juego, en el plazo del próximo mes. Y poco más.

La acción reglamentaria pendiente en todas las CCAA con cita electoral queda prácticamente relegada al resultado de las elecciones autonómicas, y las iniciativas en curso seguirán adelante si los equipos de Gobierno son los mismos, o se verán modificados o desaparecerán si lo son de distinto color político. Ejemplos de lo anterior: Murcia (Decretos sobre limitación y control de salones de juego); Madrid (ídem anterior); Asturias: (ídem anterior y establecimiento de “zonas de influencia”); Baleares (nuevos Reglamentos sobre máquinas de juego y salones); Extremadura (Reglamento sobre “Bingo Mix”). Aragón: (Reglamento sobre rifas, tómbolas, combinaciones aleatorias y juegos sociales).

Mientras tanto, la fecha de Brexit sigue siendo la misma: el 29 de Marzo, a salvo de prórrogas de plazo de última hora; y para ese día, a falta de una también improbable modificación de la Ley de Juego mediante Decreto Ley, debería haberse consumado la salida de Gibraltar o Reino Unido de todas aquellas entidades que pretendan ofrecer juego online legal en España. Aunque su traslado sea finalmente a Malta, o más cerca, a Ceuta o Melilla.

 

Carlos Lalanda Fernández

En Madrid, a 18 de Febrero de 2019