El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, (B.O.E. núm 214, de 4 de Septiembre) traspone al Ordenamiento español, la Directiva  UE 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de Mayo, sobre  prevención del blanqueo de capitales y, modifica para ello varios aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Y acoge, en lo que nos interesa, ciertas variaciones en la consideración de las diversas actividades y empresas de juego, hasta ahora incluidas plenamente en este régimen legal (casinos) o parcialmente (resto de los juegos).

Esta modificación llevaba ya una larga etapa de tramitación en forma de Anteproyecto y había sido sometida a Audiencia Pública con el Gobierno anterior pero no había sido formalmente aprobado como Proyecto de Ley ni remitido a las Cortes.  En la versión sometida a audiencia todos los juegos de azar pasaban a la categoría de “riesgo pleno” en todas sus transacciones, a excepcion de las loterías que seguían interesando a la Ley solo en cuanto a las operaciones de pago de premios. (Vease enlace al texto inicial del Anteproyecto).

Sin embargo, en la versión final, en sujecion “plena”  siguen estando los casinos (porque no se modifica su apartado), pero se incluyen además a toda clase de personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar, presenciales o por medios electrónicos ; aunque siguen el régimen de  “sujeción parcial”, en relación con la operativa del pago de premios, cuando se trata de empresarios relacionados con las loterías, quinielas, concursos, bingos y máquinas recreativas de tipo “B”, el mismo régimen en el que estaban antes. (enlace a texto modificado)

Para los casinos ya se contemplaba la identificacion de los asistentes a la entrada, y tambien en algunos casos de justificacion de cambios o ganancias; para todos, en el Reglamento de la Ley ya se había consignado un importe de las operaciones para considerarlas con riesgo asociado (más 2.500 euros), y las obligaciones de control interno de riesgos eran plenamente aplicables a todos los responsables mencionados (Art. 43 del Reglamento de 2014), todavía vigente porque no contradice a la nueva Ley). Solo que  ahora se reduce el importe de riesgo, 2.000 euros, en el nuevo texto legal.

Técnicamente, pues, se “eleva” el rango de la sujecion en el caso de los juegos online y de las apuestas (que pasan a estar bajo sujeción plena), y se mantiene en el de las demás, de manera que la medida de identificación del jugador se desencadena cuando la apuesta o premio (o el encadenamiento de apuestas o premios) es superior a 2.000 euros; mientras que en los de sujecion parcial es obligatoria solo cuando las operaciones de pago de premios supera dicho importe. (Vease enlace a las obligaciones de diligencia con el nuevo texto)

Es cierto que ya se había interpelado al Gobierno sobre la tardanza en tramitar esta Ley (vease enlace), pues la Comision Europea estaba a punto de sancionar a España por la falta de trasposición (véase enlace); y que este ha sido el motivo de su rápida aprobacion sin haber pasado por las Cortes.

Pero la ausencia de tramitación ordinaria, y la urgencia en su aprobación mediante Real Decreto Ley trae consigo ciertos problemas de comprensión, por lo que es preciso analizarla con más atención y analizar algunos subsectores:

1. Los casinos (Art. 7.5): igual que hasta ahora, deben comprobar la identidad de las personas que acceden al establecimiento; además, y como medida adicional, identificarán a las personas que pretendan que se les entreguen cheques al cambiar las fichas, a los que pretendan realizar transferencias de fondos, y a los que pretendan recibir una certificación de las ganancias obtenidas. Además, y esto es lo novedoso, en las operaciones de más de 2.000 euros ya sea para cambio de fichas o cobro de ganancias, no solo deberán identificar a los clientes, sino aplicar el resto de medidas generales de diligencia debida (lo cual puede resultar inviable, pues estas diligencias se refieren a la titularidad real de clientes, al seguimiento de sus negocios, etc)

2. El resto de los operadores de juego, (Art. 7.6) Se diferencian los que actúan mediante establecimientos presenciales o a través de juego online. Los primeros (presenciales), deberán aplicar las medidas generales de diligencia debida cuando efectúen transacciones o pagos superiores a 2.000 euros (en una operación o en varias operaciones relacionadas); mientras que los segundos (online), deberán identificar y comprobar la identidad de todos sus clientes, de acuerdo a las normas reglamentarias a este fin; y además, aplicar las demás medidas de diligencia debida cuando las apuestas o el cobro de ganancias sea superior a 2.000 euros

3. Juegos online. Las obligaciones de diligencia debida en realidad ya son exigibles en aplicación de los reglamentos que regulan el desarrollo de las licencias online, y en fase de la creacion de las cuentas de juego la identificación del jugador es obligatoria. Mayor problema ofrece, sin embargo, la comprobación de esta identificacion, cuando el jugador por definición no está presente. De hecho, la misma DGOJ está adoptando medidas normativas en el reforzamiento de esa línea (comprobacion previa de identidad, no posterior).

4. Salones de máquinas de juego. Me inclino a pensar que quedan situados en el régimen de sujecion parcial (solo para pagos de premios superiores a 2.000 euros), porque en la mayoría de los Reglamentos sectoriales, las máquinas que se instalan en estos establecimientos se califican como máquinas tipo “B” (incluso las de tipo videobingo, las especiales o las multipuesto de tipología de ruleta). Es difícil saber cual será la solución en aquellas Comunidades autónomas que, siendo del mismo modelo, tienen otra nomenclatura, aunque es probable que se interprete que también lo son.

5. Apuestas presenciales. Pasan a estar incluidas en la categoría de sujeción plena, lo que significa que deberán identificar a los clientes que pretendan jugar en las terminales colocadas, por un importe superior a 2.000 euros, aunque esta obligación está ya asumida en la mayoría, si no todas,  las CCAA, donde se requiere  identificación previa a su activación.

Como pueden confundirse los términos de la sujeción y aplicación de las obligaciones, resumimos un cuadro por actividades

                        Clase de sujeción       Clase de obligación           Operaciones >2.000 euros

 Casinos:          Sujeción plena            identificación entrada           Otras diligencias debidas

Juego online    Sujeción plena            ident/comp. apert.cuenta     Otras diligencias debidas

Red Loterias     Sujeción parcial          identif, premios >2.000          Otras dil. (cuando premios)

Bingos              Sujeción parcial          identif, premios >2.000          Otras dil. (cuando premios).

Salones maq.   Sujeción parcial          identif, premios> 2.000          Otras dil. (cuando premios).

Concursos       Sujeción parcial          identif. premios> 2.000          Otras dil. (cuando premios)

Apuestas          Sujeción plena            identif.premios >2.000           Otras dil..(cuando operac.)

Hasta tal punto es confusa la redacción final, que probablemente por ello se ha incluido una Disposición Transitoria única para todos los “operadores de juego” , cuya literalidad es mejorable pues resulta confusa; donde se les otorga un plazo de 3 meses para “adaptarse” a estas modificaciones:

“Disposición transitoria única. Diligencia debida de operadores de juego.

Los operadores de juego se ajustarán exclusivamente a las obligaciones en materia de diligencia debida existentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley durante tres meses desde dicha fecha.”

Esta adaptación es solo redundante en la mayoría de los casos:  el régimen de medidas de control interno  contemplado en el Art. 43 del Reglamento era ya aplicable con la antigua y lo sigue siendo con la nueva redacción: la obligación de confección de un manual de cumplimiento, que incluya una relación de operaciones de riesgo, la descripción del procedimiento para la detección de hechos u operaciones sujetos a examen especial; y la de nombramiento de representante ante SEPBLAC. Que los empresarios diligentes ya habían abordado.

Además, esta Disposición nace con un problema añadido:  debe pasar la Convalidacion de las Cortes en el plazo de un mes para su total y definitiva eficacia, lo que no está claro que realmente ocurra, en el contexto parlamentario español en estos momentos.

Loyra Abogados.

Madrid, 5 de Septiembre de 2018