¿Qué hace que una jurisdicción resulte más atractiva que otra cuando ciudades y territorios compiten por industrias capaces de traer inversión, empleo y nuevas fuentes de crecimiento? En Melilla, la ciudad autónoma española en la costa norteafricana, la respuesta no es un régimen de juego separado, sino la combinación del marco regulatorio estatal de España con un sistema fiscal especial diseñado para incentivar la actividad económica.
Los operadores establecidos en la ciudad autónoma siguen sujetos al régimen estatal de juego y a la supervisión de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Lo que cambia es el tratamiento fiscal, y el acceso a esas ventajas depende de que las empresas tengan operaciones reales en la ciudad.
«Una empresa establecida en Melilla opera bajo exactamente el mismo marco regulatorio que cualquier operador con base en cualquier otro lugar de España», señala Patricia Lalanda, socia del despacho Loyra Abogados, que trabaja estrechamente con Melilla en su estrategia de iGaming. «La DGOJ sigue siendo la autoridad competente en materia de licencias, supervisión y régimen sancionador.»
Para las empresas que estudian la ciudad, eso reformula la pregunta: no se trata de si la regulación es más sencilla, sino de si parte del negocio puede desarrollarse realmente desde allí. Y la propuesta ya no es tan incipiente como cuando los operadores empezaron a considerarla. Lalanda describe la reacción inicial como cautela más que escepticismo, con empresas que buscaban pruebas de que el modelo podía funcionar a largo plazo. «Hoy, Melilla ya no es un concepto ni una iniciativa de política pública; es un entorno de negocio consolidado», sostiene. Operadores internacionales han construido operaciones allí, las empresas tecnológicas han seguido su estela y existe ya suficiente experiencia práctica para valorar el modelo sobre resultados comerciales reales y no sobre expectativas.
La ventaja fiscal viene con un test de sustancia
La ventaja no es una vía de licencia más ligera. «La cuestión clave no es si obtener una licencia resulta más fácil por establecer operaciones en Melilla —no lo es—, sino si el negocio puede construir realmente parte de sus operaciones allí de forma que satisfaga los requisitos legales del régimen fiscal especial», apunta Lalanda. La dirección, el personal y la toma de decisiones no pueden existir solo sobre el papel: la oficina, las funciones de gestión, los procesos operativos y la capacidad de decisión deben estar genuinamente presentes.
Para un operador ya establecido, eso puede hacer la relocalización más compleja de lo que sugieren los tipos fiscales, ya que las empresas deben decidir qué equipos podrían trasladarse de forma realista y si tiene sentido para el grupo en su conjunto. Un nuevo entrante tiene más libertad para integrar Melilla en su estructura desde el principio.
Las diferencias son significativas. Lalanda apunta a una reducción del 50 % en la cuota del Impuesto sobre Sociedades sobre las rentas cualificadas obtenidas genuinamente en Melilla, lo que puede situar el tipo nominal efectivo en torno al 12,5 %. Los operadores que cumplan los requisitos pueden tributar además por el impuesto sobre el juego al 10 % de los ingresos brutos de juego, frente al tipo general del 20 % en España. Melilla aplica también el IPSI en lugar del IVA, con un tipo del 0,5 % disponible para servicios como la prevención del fraude, el tratamiento de datos y determinada actividad de asesoramiento. El IRPF, por su parte, contempla una bonificación del 60 % para los residentes en Melilla, lo que alivia el coste combinado fiscal y laboral de atraer a personal directivo.
Los proveedores hacen otro cálculo
Melilla mira ahora más allá de los operadores B2C. En los primeros años la atención se centró sobre todo en las empresas de juego con licencia, pero los proveedores, las firmas tecnológicas y los prestadores de servicios especializados son cada vez una parte mayor de la propuesta. «Detrás de cada operador con licencia hay un ecosistema mucho más amplio de negocios especializados», señala Lalanda: desarrolladores de plataforma, proveedores de software y de pagos, empresas de verificación de identidad y ciberseguridad, consultoras de cumplimiento, proveedores de prevención del fraude, empresas de CRM, negocios de analítica de datos y agencias de marketing digital. Muchos no necesitan licencia de juego, porque venden tecnología o servicios profesionales y no juego en sí; sus preocupaciones tienen que ver más bien con la protección de datos, la ciberseguridad, la propiedad intelectual y la normativa financiera.
Ese cambio coincide con que la propia España reconsidera el encaje de los proveedores en la regulación del juego. La DGOJ ha iniciado la reforma de la Ley del Juego de 2011 y, tras una consulta pública, mantiene reuniones con los agentes del sector antes de redactar la nueva norma. Entre las cuestiones sobre la mesa figuran controles más estrictos de identidad y pago, la acción contra el juego ilegal, la publicidad con famosos e influencers y nuevas medidas de protección del jugador. La consulta singulariza a los proveedores: la DGOJ apunta que la ley vigente se diseñó en torno a los operadores y no anticipó el peso que los proveedores acabarían teniendo, y propone incorporarlos de forma más explícita al marco legal.
Melilla no es el único enclave de juego consolidado con esta inclinación. En Malta, las cifras de la MGA para el primer semestre de 2025 mostraron que los negocios B2B representaban el 55,5 % de la base de licencias, el 64,3 % de las nuevas solicitudes y el 87,5 % de las licencias emitidas en el periodo.
De centro de juego a centro digital
Para Melilla, la ambición va más allá de una base de proveedores en torno al juego. Lalanda ve la experiencia tecnológica ya atraída a la ciudad como cimiento para otras industrias: inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain, servicios en la nube, identidad digital, analítica de datos y tecnología de cumplimiento, sectores que comparten mucho con el juego online pero cuyas oportunidades se extienden mucho más allá.
Su visión a largo plazo es que el juego podría convertirse en punto de entrada y no en punto final. «La ambición de Melilla a largo plazo no debería ser simplemente atraer a más operadores de juego», afirma. «Su verdadera oportunidad está en convertirse en un centro de negocio digital reconocido —territorio de la Unión Europea, fiscalidad competitiva, seguridad jurídica y una administración de apoyo—, capaz de atraer empresas tecnológicas innovadoras en una variedad de sectores.»
Pillar Two da más peso a la sustancia
Lalanda apunta también al Pillar Two, el marco global de tributación mínima bajo el cual los grupos con una cifra de negocio consolidada de al menos 750 millones de euros pueden enfrentarse a un impuesto complementario cuando su tipo efectivo en una jurisdicción cae por debajo del 15 %. Su argumento no es que esto haga a Melilla automáticamente más barata, sino que los tipos nominales muy bajos pueden perder peso para los grupos más grandes, trasladando la balanza a dónde pueden situar realmente personas y funciones.
«Por eso creo que el Pillar Two es, en última instancia, una buena noticia para Melilla: significa que la competencia entre jurisdicciones deja de ser una carrera a la baja en tipos nominales», sostiene. «Las jurisdicciones tendrán que competir cada vez más en sustancia real —personas, funciones, infraestructura y actividad genuina—, y ese es precisamente el terreno sobre el que se construyó el régimen de Melilla.»
Eso deja a operadores y proveedores ante una pregunta práctica. El tratamiento fiscal de Melilla puede cambiar la economía de una operación española, pero los beneficios dependen de algo más que la constitución de la sociedad: una empresa tiene que decidir qué puede situar realmente en la ciudad —personal, dirección, tecnología o funciones de apoyo— y si esa estructura sigue teniendo sentido una vez que la fiscalidad deja de ser la única consideración.
Lee la entrevista completa de Garance Limouzy en SiGMA News.
