La Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Ordenación del Juego, (B.O.E. núm.174, de 22 de Julio) establece la prohibición de  ofrecer apuestas sobre eventos que sean protagonizados exclusiva o mayoritariamente por menores de edad.

Analizaremos su escueto y exacto contenido, pero también si la Dirección General del Juego tiene potestad suficiente para introducir una “prohibición” de esta naturaleza.

Según se desprende de la propia Exposición de Motivos, en el desarrollo de la oferta regulada de juego en línea que ha tenido lugar en España desde la entrada en vigor de la LRJ, y en lo que respecta en particular a la actividad de apuestas, se ha detectado que algunos operadores de juego con título habilitante estatal están ofreciendo concursos de pronósticos sobre eventos, principalmente de naturaleza deportiva, que pueden estar siendo protagonizados exclusiva o mayoritariamente por menores de edad.

En la Memoria que se acompañaba al trámite de información pública se ponía de manifiesto el análisis de la propia DGOJ, según el cual en 2018 al menos un 5,45% de las competiciones sobre las que se giraron apuestas son competiciones principalmente de menores, que aglutinan el 1,03% de las apuestas totales, mencionando principalmente las de fútbol. Voleibol, baloncesto, hockey sobre hierba, waterpolo, hockey sobre hielo y tenis de mesa.

Son varias las razones por las que la Dirección General de Ordenación del Juego entiende que no resulta conveniente que los menores de edad integren los eventos objeto de apuesta, ya sea de naturaleza deportiva u otra, y todas ellas con base en el interés superior del menor, constitucionalmente reconocido y directamente conectado con el objeto de la LRJ desde un punto de vista general. En primer lugar, por la pertinencia de establecer una nítida separación entre el ámbito de los menores de edad y el de todo tipo de apuestas de cara a evitar la banalización de los riesgos de la actividad de juegos y apuestas por parte de los menores. Y, en segundo lugar, con la finalidad de garantizar la participación saludable de aquéllos en la práctica de actividades que contribuyen a un adecuado desarrollo de su personalidad, sin incurrir en el riesgo de que concurran en dichas actividades constricciones exógenas derivadas de la aparición de intereses económicos de terceros. En este sentido, esta medida contribuiría a eliminar del entorno de las esferas formativas la posibilidad de que las competiciones sean manipuladas mediante la perversión de aquellas personas cuya madurez aún no se ha completado y, por tanto, son más susceptibles de ser influenciados.

Una prohibición adoptada mediante Resolución de la D.G.O.J.

La principal dificultad en la adopción de la medida estriba, a nuestro juicio, en el rango formal de la Disposición, que es una Resolución del Director General de Ordenación del Juego, como alternativa a la modificación de las distintas ordenes Ministeriales que aprueban la Reglamentación de los distintos juegos de apuestas (deportivas de contrapartida, deportivas mutuas, apuestas cruzadas, otras apuestas de contrapartida, apuestas hípicas de contrapartida y apuestas hípicas mutuas).

Esta elección normativa es, sin embargo, muy discutible, porque precisamente todas las Órdenes Ministeriales que reglamentan las citadas Licencias singulares fueron modificadas una por una (en la “ronda de modificaciones” que se produjo en el año 2013, con la Orden HAP/1998/2013) para eliminar cualquier referencia a un catálogo oficial de eventos apostables y la remisión al “correspondiente programa de apuestas fijado por el operador”. Además, en dicha Orden se derogaba expresamente un inicial Catálogo de Deportes Competiciones y Eventos Deportivos que podían ser incluidos por los operadores en su programa de apuestas (Aprobado mediante Resolución de 19 de Diciembre de 2011 de la DGOJ, que curiosamente nunca se publicó en el BOE).

O sea, que mediante dichas Ordenes se eliminaba cualquier “control” de los eventos apostables por parte de la DGOJ y se pasaba “a disposición” de los operadores, en definitiva, tenían libertad para ofertar cualquier evento; y ahora mediante una simple Resolución (de inferior rango),  se elimina esta libertad.

Se pretende justificar además esta elección de la norma en que la DGOJ tiene potestad ( a través de Resolución), para introducir una prohibición mediante “instrucción dirigida a los operadores de juego” en virtud de los Art. s 6.3 y Art. 21 ap. 4 y 9 de la LRJ; y en los Arts. 14.1 de los respectivos reglamentos de los distintos juegos. Pero estas invocaciones solo tendrían sentido en caso de haberse ejercitado la intervención administrativa  a través de la Proyectada y nonnata Comisión Nacional del Juego, como órgano independiente, con capacidad para decidir sobre el contenido de un Catálogo de eventos. Una prohibición de este carácter difícilmente puede encuadrarse como un mandato a los operadores derivado de las normas reglamentarias que previamente le son de aplicación, obviando la inexistencia previa de dicha prohibición en los Reglamentos actualmente vigentes.

Contenido

En cuanto al contenido de la Resolución y la delimitación de la prohibición, se establece a través de escuetos artículos, lo que, sin embargo, ha provocado varias alegaciones en la fase de elaboración, por su evidente ambigüedad.

El Artículo Primero prohíbe a los operadores de alguna de las apuestas reguladas, ofrecer en su programa de eventos aquellos que sean “protagonizados exclusiva o mayoritariamente por menores de edad”

El Artículo Segundo pretende interpretar con mayor precisión lo anterior, sólo se refiere a la aclaración del término “mayoritariamente” (protagonizados por menores), pero no lo aclara, sino que introduce una confusión, pues define a estos como “todos los eventos que se desarrollen en el marco de una competición deportiva o de otro tipo que, de forma generalizada, sólo permita que participen personas con edades de 18 años o menos.”.

Hay que advertir que al incluir esta última frase también están prohibiendo las competiciones en las que juegan mayores de edad (de 18 años, luego entonces no solo se refiere a menores de edad), y parece haber una referencia en la tramitación del Proyecto a las ligas “sub-19” que también en consecuencia se incluyen en los eventos prohibidos de ofertar.

Aunque algunos operadores en trámite de alegaciones solicitaron un período de adaptación, la Resolución entró en vigor el 23 de Julio de 2019.